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Avanzan con el acuerdo de suspensiones en empresas sin actividad

El Ministerio de Trabajo convalidó el acuerdo celebrado entre los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), junto al Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Productivo para regular las suspensiones de los trabajadores de empresas sin actividad durante la cuarentena y la disminución del salario con un tope del 25%.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Resolución 397/2020 reguló el proceso de presentación de suspensiones en los términos del artículo 223 bis LCT, con el objetivo de brindar una rápida y ágil respuesta frente a las peticiones de los trabajadores y los empresarios.

A los empleados que no prestan servicios habituales se los podrá aplicar una suspensión concertada de hasta 60 días, con efectos a partir del 1° de abril de 2020 y que el monto que percibirán como prestación no remunerativa no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiera correspondido.

Con motivo de la pandemia de Covid-19, se dictaron múltiples resoluciones ministeriales tendientes a regular la situación laboral de aquellas personas que no se encuentran exceptuadas al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, establecido mediante DNU 297/2020 y prorrogado en tres oportunidades mediante decretos, 325/2020, 355/2020 y 408/2020 respectivamente.

Es innegable el impacto negativo que la pandemia ha generado en la economía, sobre todo en aquellos sectores cuya actividad es considerada “esencial”.

Si bien el ordenamiento jurídico laboral plantea varias soluciones, como las suspensiones (art. 221 LCT) y despidos (art. 247 LCT) por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, lo cierto es que la utilización de estas figuras resulta de dudosa ética, y a simple vista contraria al principio de buena fe contractual, al principio de solidaridad y fundamentalmente al principio protectorio, base sobre la que se erige el Derecho del Trabajo.

Es por ello múltiples normativas, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional instan a la aplicación de las llamadas “suspensiones concertadas” del artículo 223 bis LCT (ART. 1 Resol. 219/2020; ART. 8 DNU 332/2020; ART 4 DNU 376/2020).

La Resolución 397/20 que convalida los acuerdos celebrados entre la empresa y los trabajadores y aquel con los sindicatos con personería gremial, se basa en 3 facciones:

1- Los acuerdos bajo la aplicación del art 223 Bis LCT (Suspensiones Concertadas) en conjunto entre el sindicato con personería gremial y la empresa que se ajusten a una compensación dineraria NO Remunerativa de no menos el 75% del salario Neto (bolsillo) o el 83% del salario bruto que le hubiera correspondido al trabajador en caso de haber laborado, serán homologados por autoridad competente.

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Este monto se realizará retenciones a los aportes y contribuciones a la obra social según ley 23660 y 23661 y pago sindical y ART.

2- Los acuerdos bajo la aplicación del art 223 Bis LCT (Suspensiones Concertadas) que hagan las empresas, deberán acompañar un listado de la nómina del personal afectado al mismo y ajustarse a la compensación dineraria NO Remunerativa de no menos el 75% del salario Neto (bolsillo) o el 83% del salario bruto que le hubiera correspondido al trabajador en caso de haber laborado.

Este acuerdo y nomina será remito en vista al sindicato respectivo para su evaluación en un plazo de 3 días y 2 días mas de prórroga para su validación.

El silencio del sindicato tendrá por conforme el acuerdo realizado por la empresa. El rechazo por parte del gremio, producirá la apertura de una mesa de diálogo y negociación.

Este monto se realizará retenciones a los aportes y contribuciones a la obra social según ley 23660 y 23661 y pago sindical y ART.

3- Los acuerdos bajo la aplicación del art 223 Bis LCT (Suspensiones Concertadas) que NO se ajusten a los parámetros establecidos del 75% del salario neto de bolsillo o del 83% del salario bruto sujeto a retenciones que le hubiera correspondido a los trabajadores si hubieran laborado serán sometido a la autoridad de aplicación para su validación, no pudiendo las empresas darle aplicación unilateralmente.

Si así lo hiciera, incurre en el mal uso de las facultades de ius variandi (ejercicio irrazonable y abusivo de variar las condiciones mínimas de trabajo) del art 66 de la LCT.

Si el empleador optare por alterar condiciones esenciales de la relación de trabajo (Remuneración, categoría y/o jornada) de manera irrazonable y abusiva, el trabajador podrá darse por despedido sin causa de manera injuriada colocándose acreedor de los rubros indemnizatorios.

Asimismo, se señala que las empresas que apliquen el acuerdo deberán mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones ni despidos durante un plazo igual a la vigencia de este convenio.

Quedan excluidos de la suspensión y la reducción los trabajadores que prestan servicios desde su lugar de aislamiento y aquellos dispensados del deber de trabajar (mayores de 60 años, embarazadas, en grupo de riesgo).

Las partes deberán consignar en su presentación inicial una declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas allí insertas en los términos previstos por el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (art. 4°).

 

Dr. Juan Pablo Chiesa

Presidente de la Asociación de Profesionales Representantes de Emprendedores y Empresarios Afines (APREEA).
Abogado. Doctrinario Laboralista (UBA) 
Analista Jurídico en medios de Comunicación
Autor del libro “Los principios de la empresa y los Sueldos” (Una mirada práctica para la confección de haberes)
Líder de Aptitud Renovadora (partido político en formación)

www.jpchiesa.com.ar