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Hernán Lacunza

Surgen críticas a la decisión de reducir la coparticipación a CABA

10 de septiembre de 2020 - 12:00

Luego de que el Gobierno nacional decidiera hacer una quita del 1% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, el ex ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, objetó el alcance de la medida.

“Acierta el Presidente Fernández al identificar la arbitrariedad e inequidad del régimen de coparticipación como un causal estructural del subdesarrollo. El actual esquema de reparto (ley 23.548) no responde a ningún criterio objetivo de equidad ni de eficiencia", subrayó el economista en Twitter.

"También en que discrimina a los bonaerenses. Que de recursos automáticos nacionales (copa + fondo del conurbano) reciben -per cápita- 1/3 respecto al resto de las provincias. No es un problema exclusivo de PBA. Ninguna provincia podrá desarrollarse con este conurbano”, destacó el ex funcionario de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Al respecto, recordó que el jefe de Estado olvidó “mencionar la pasividad de los gobiernos provinciales ante el deterioro del Fondo entre 2002 y 2015, erosionado por el tope nominal del Fondo frente a la aceleración inflacionaria. En 2015, llega a PBA el 1% del Fondo, que de conurbano solo le queda el nombre”.

“En 2015, cuando el actual Gobernador Kicillof era ministro de economía nacional, deja la participación de PBA en los recursos automáticos (copa + fondo) en el mínimo histórico del 18%. Recibe $1 cada $2 aportados. La Gobernadora Vidal plantea la demanda ante la Corte Suprema en agosto de 2016, recuperando un año después el 4% de copa (unos $113.000 M anuales, que hoy dispone Kicillof) en el Consenso Fiscal 2017 por ley 27.429 impulsada por Mauricio Macri”, subrayó.

“Hoy sigue estando discriminada la PBA (menos que antes, recibe 22,5% y aporta 36%). Pero la solución a un problema estructural no es un parche con aroma oportunista, con recursos de otra jurisdicción (de los porteños) para atender un conflicto gremial particular de la PBA", graficó Lacunza (foto).

"Sino la presentación de un proyecto de ley que cumpla el mandato constitucional de dictar una nueva ley de reparto antes de 1996 (lleva 24 años de atraso), con criterios de equidad y eficiencia, para el debate de legisladores de 24 provincias. Federalismo e institucionalidad”, completó.

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