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No se prorroga la prohibición de despidos y se reduce el tope de la doble indemnización

Desde el 01/01/2022, llega a su culminación el decreto de necesidad y urgencia 329/20 que dio nacimiento a la prohibición de despedir y de suspender trabajadores privados con la causa fundada en la fuerza mayor o baja productividad del art 247 LCT, y todos sus decretos dilatorios 487/20, 761/20, 891/20, y por último el Decreto 413/2021.

Si bien, quedaron excluidos de la norma los despidos que respondan a una causal legalmente prevista, estos serían por injuria laboral, inhabilitación, incapacidad psicofísica sobreviniente, finalización de una obra o un servicio, extinción del plazo fijo, extinción por quiebra del empleador, por abandono de trabajo, por renuncia, por jubilación del trabajador, por mutuo acuerdo, por abandono tácito de la relación y periodo de prueba (arts. 92bis, 242, 254, 212, 99, 93 y 250, 251, 252, 244, 241, LCT).

La realidad de esta medida, que si bien fue esencial para evitar un derrumbe de la economía laboral y empleo, no tuvo el mejor de los éxitos y no pudo ser un resorte atenuante que detenga los despidos en la argentina y la caída del empleo y la producción.

Todos debemos entender que tanto la doble indemnización por despido incausado, como la prohibición de despidos y suspensiones son medidas tomadas en el marco de la emergencia, que no pueden extenderse eternamente, sino que, ya desde su inicio, sabemos que su principal característica es la excepcionalidad y que tienen fecha de vencimiento.

En esta etapa pos Covid-19, el sector privado tiene que jugar un rol importante y hay que promover el crecimiento de las empresas y el empleo privado, para que haya empleabilidad para todos y terminar de una vez por todas con los conflictos.

Lo que parece que no tiene fin, es la sanción que duplica la indemnización por los despidos sin causa consagrado en el art 245 LCT.

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Si bien, esta medida es prepandemia, dictada en el marco de la emergencia ocupación en diciembre de 2019, el DNU 34/2019 nace el 13/12/2019, duplica las indemnizaciones por despido sin causa a los dependientes que tengan fecha de alta de dicha fecha hacia atrás.

Consecuentemente, las contrataciones celebradas a partir del día 14/12/2019 no cargan con la referida duplicación. Luego, a través de los decretos 528/2020 del 9 de junio, y 961/2020 del 30 de noviembre, llevaron esta sanción al 31/12/2021 con un tope $500.000.

La sanción que nació con una duplicación del 100% de la indemnización por despido encausado, paso por una atenuación de $500.000 y ahora se pretende, mantener la sanción vigente de manera “gradual” manteniendo su espíritu normativo pero reduciendo temporalmente su cuantía indemnizatoria.

¿Cómo será la reducción?

En cuanto a los montos, se discute cómo sería su reducción. Las propuestas alcanzan desde un 20% hasta el 50% (lo que equivaldría a $250.000).

Supongamos que un trabajador tiene una antigüedad de 20 años, con un salario promedio de 40.000 pesos, únicamente por el art. 245 de la ley de contrato de trabajo, 20.744, le corresponderían 800.000 pesos de indemnización.

Tengamos en cuenta que el preaviso y la integración de despido de los artículos 232/233 no se toma en cuenta en el DNU 34/2019 y sus prórrogas.

Por ende, al momento de calcular la doble indemnización sin tope correspondería $800.000 de indemnización por despido ($40.000 x 20), con la doble, $1.600.000.-

Sin embargo, en este caso deberíamos aplicar el nuevo tope, y dicha suma se vería reducida a 1.050.000 pesos. (Indemnizaciones de $800.000 mas $250.000 tope).

Ahora bien, esta doble indemnización es una política aplicada en el marco de una emergencia laboral y sanitaria, que en principio, como toda norma dictada en la emergencia tiene que prever una fecha de expiración.

En este caso, y ante una leve mejoría en la situación económica, el Gobierno ha decidido mantener la intensidad de la tutela en los trabajadores de menores ingresos, y colocar un tope para evitar la duplicación de indemnizaciones millonarias.

 

Dr. Juan Pablo Chiesa

Presidente de la Asociación de Profesionales Representantes de Emprendedores y Empresarios Afines (APREEA).
Abogado. Doctrinario Laboralista (UBA) 
Analista Jurídico en medios de Comunicación
Autor del libro “Los principios de la empresa y los Sueldos” (Una mirada práctica para la confección de haberes)
Líder de Aptitud Renovadora (partido político en formación)

www.jpchiesa.com.ar