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Exenciones

Si eliminan todas las exenciones de impuestos no habría déficit fiscal

24 de octubre de 2022 - 18:20

Un informe privado puntualizó que si se eliminaran todas las exenciones de impuestos se podría resolver el déficit fiscal, puesto que su costo fiscal equivale a casi al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

Así lo mostró un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

Pretensiones políticas

Esta semana la Cámara de Diputados debatirá el Presupuesto 2023, el cual prevé incluir a todos los jueces y empleados de la Justicia en el Impuesto a las Ganancias.

El estudio de la consultora que dirige el economista Jorge Colina, plantea que el costo fiscal de la exención del tributo para el Poder Judicial es de 0,2% del PBI.

“Las exenciones de impuestos para determinados grupos de trabajadores, organizaciones, sectores y regiones son moneda corriente en el sistema tributario argentino”, subrayó el informe.

El trabajo postula que “en el proyecto de presupuesto 2023 se enumeran y se estima de manera aproximada su costo”.

“Consisten, por un lado, en unas 40 eximiciones y reducciones de alícuotas en el IVA, impuesto a las Ganancias, a los Combustibles, a bienes de consumo, a los Bienes Personales y al cheque”, indicó el relevamiento.

El mundo tributario

Por el otro, IDESA argumentó que hay exenciones y reducciones de cargas sociales “en 17 regímenes de promoción en beneficio de actividades industriales, no industriales, minería, bosques, biocombustibles, bienes de capital, autopartistas, industria del conocimiento, naval, PYMES y –el más grande y emblemático– régimen de promoción de Tierra del Fuego”.

Todos ellos suman el 2,7% del PBI mientras que IDESA estima que el déficit primario de este año llegará al 2,8% del PBI.

“Estos datos muestran que el costo fiscal de la eximición del impuesto a las ganancias de jueces y empleados judiciales es relevante. Pero mucho más importante es el costo del resto de las eximiciones contempladas”, explicó el informe.

Recientemente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su “rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.

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